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Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana II

Por cauces no oficiales -a través de unos amigos- hemos tenido conocimiento de que desde la Delegación de Dinamización Económica y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez se ha elaborado un borrador de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana que sustituiría al de 2006. Dicho borrador ha sido distribuido, con nota fechada el 18 de mayo de 2018, por el Concejal Delegado del área, a algunas asociaciones locales, con un criterio de selección que desconocemos.

          En esta nota, que nos ha llegado a través de amigos, el Concejal de Participación Ciudadana hace una llamada a “someter [dicho borrador] a una última ronda de opiniones de entidades y ciudadanos que permita llevarlo a su debate y aprobación definitiva por el Ayuntamiento en Pleno, a la mayor brevedad posible”, indicando que se dispone hasta el 8 de junio para ‘hacer llegar a la concejalía cuantas aportaciones se consideren necesarias aún’, ya que se pretende tener “el texto definitivo” del reglamento listo para su aprobación en el pleno ordinario del mes de junio.

          Somos una asociación ciudadana con actividad permanente, centrada precisamente en el ámbito de la transparencia y la participación ciudadana, y presente en nuestra localidad desde hace ya unos años y no hemos recibido ahora invitación alguna para participar en esta ‘última ronda’, a pesar de estar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones.

           Desconocemos a qué ciudadanos y ciudadanas ni a qué asociaciones locales se ha dado a conocer este proyecto de Reglamento que se presenta en su prólogo como “fruto de un debate y posterior consenso, que recoge las aportaciones del colectivo ciudadano”. Y desconocemos también estas aportaciones, en qué medida se han integrado y cuáles y por qué motivos se han rechazado las que no se han asumido.

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Hagamos un breve recuento, hasta donde nosotros conocemos, de ese ‘debate y posterior consenso’, al que se hace referencia en el texto del borrador de Reglamento.
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        Desde la Delegación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal, entonces en manos de la concejala Lucía Megía, se convocó para el 8 de octubre de 2016 -sí, ¡hace casi 2 años!- a todas las asociaciones registradas en el Registro Municipal de Asociaciones para abrir, tomando como punto de partida el Reglamento vigente (aprobado en 2006), un proceso de debate colectivo sobre su reforma. Se convocó supuestamente a todas, ya que, como son convocatorias que se hicieron por vía privada, no podemos saberlo. Parece que ya va siendo hora de hacer pública una agenda de las actividades municipales generales y de nuestros concejales en particular, para conocimiento de todos. Creemos que el Ayuntamiento debería hacer pública en este sentido la actividad municipal, como actividad pública que es, sometida al control de la ciudadanía, y de dejar de actuar como si se tratase de una esfera privada.

          Una actividad municipal de cierta enjundia -y creemos que esta, de creación normativa general, lo es- necesita de la publicidad de su proceso de elaboración, y de que este quede claro. Y, si queremos que la gente participe, es necesario ofrecer a la gente información suficiente sobre cómo se tendrán en cuenta - o se rechazarán - sus aportaciones, algo que no pueden quedar nunca al arbitrio del concejal o del gobierno de turno, amparándose en un genérico ‘esto, técnica o jurídicamente, resulta imposible’, minusvalorando así el esfuerzo de las vecinas y vecinos, porque eso no es sino abortar de entrada toda iniciativa ciudadana en el ámbito de la participación.

          Por parte del Observatorio Ciudadano Municipal de Aranjuez se argumentó al comienzo de aquella reunión del 8 de octubre de 2016 que no podía abrirse este proceso sin convocar formal y públicamente a todas las vecinas y vecinos, que no podía restringirse este debate a la gente asociada, como se había hecho en un principio. ¿O es que acaso los vecinos a título particular, como meros vecinos, no tienen interés legítimo en la participación en la toma de decisiones que se realice a nivel municipal? ¿Por qué razón los miembros de una (el ejemplo es ficticio) Asociación Arancetana de Amigos de las Plantas Solanáceas del Bajo Orinoco estarían más legitimados que cualquier vecino o vecina de Aranjuez en participar en la propuesta, el debate y en la toma de decisiones en asuntos públicos que pueden afectarles directamente, como la elaboración del reglamento en que se expresan los cauces y los modos de participación vecinal, y, a partir de este, en otros asuntos municipales que les afectan directamente, según procedimientos establecidos en ese reglamento y bajo asesoramiento técnico cuando sea necesario?

          Esta propuesta fue asumida por la entonces Concejala Delegada de Participación y en la web municipal se abrió temporalmente un espacio para que la gente que quisiese pudiese realizar sugerencias y aportaciones para la modificación de este reglamento que - se decía- “se valorarán en Comisión” (pero sin dar a conocer de qué comisión se trata ni qué criterios se utilizarán en dicha valoración). En aquel espacio era muy difícil que se realizase alguna sugerencia o aportación, ya que no se hizo la más minima campaña para llamar a la gente a participar. Pero es que tampoco estaba claro qué se haría con esas aportaciones, que por cierto nunca se dieron a conocer públicamente. No había ningún proceso establecido, fijado de antemano.

          Algo así –todo lo que afecta a la participación, si de verdad quiere promoverse esta- necesita de publicidad, y de publicidad reiterada, de la colaboración de los medios de comunicación locales, de la difusión en redes… si de verdad se quiere que funcione mínimamente, pues se trata de algo nunca ensayado. No se trata de perderse en un proceso anárquico desmandado, sino precisamente de todo lo contrario: de organizar el proceso participativo de manera efectiva, de que la gente vea y note que puede aportar realmente y que sus sugerencias pueden ser tomadas en cuenta.

          En aquella reunión del 8 de octubre de hace dos años se distribuyó a los participantes (todos representantes de asociaciones) en grupos de trabajo y debate, y, hay que decir, que fueron muy fructíferos: que gente de muy distintas perspectivas y socialmente muy diversas se pusieran a hablar cara a cara es algo que necesariamente produce efectos cívicos relevantes: debatir reconociendo las diferencias –cuando estamos acostumbrados a hablar siempre entre gente de nuestra proximidad- es importante para la creación de un espíritu cívico que trascienda nuestros intereses y nuestras ideas particulares.

          Unas semanas más tarde tuvo lugar otra reunión en donde los mismos grupos de trabajo continuaron su labor, realizando comentarios y aportaciones para lo que habría de ser el nuevo Reglamento Municipal de Participación Ciudadana. Se recogieron las propuestas. Nada supimos de esas propuestas, que no fueron siquiera refundidas en un documento que se devolviese a los grupos de trabajo para su conocimiento público.
         Se nos dijo que se estudiarían desde el equipo jurídico del Ayuntamiento y que se nos convocaría de nuevo en el plazo de un mes, con una propuesta de reglamento. Esa convocatoria nunca llegó.

          Hasta el día de hoy, bueno, más concretamente, hasta hace un mes, hasta este 18 de mayo de 2018, fecha en la que el nuevo Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Juan Carlos Ramírez, envía una carta a los “representantes” de algunas asociaciones ciudadanas de la localidad -no sabemos a cuáles: porque por lo menos al OCM no le llegó dicha carta- convocándoles a reuniones ‘sectoriales’ para hacerles la presentación del borrador del nuevo reglamento, diciendo que “nos gustaría someterlo a una última ronda de opiniones de entidades y ciudadanos que permita llevarlo a su debate y aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno, a la mayor brevedad posible”. Y fija dos semanas, entre el 23 de mayo y el 8 de junio “para hacer llegar a la concejalía, cuantas aportaciones consideréis necesarias aún”, con el objeto de presentar el texto para su aprobación en el próximo pleno de mediados de junio, que al final resultó ser el pleno de mediados de Julio. Hurta así, de manera, en nuestra opinión, algo escandalosa, el debate ciudadano de dicho borrador, trasladándolo al Pleno. No se ha promovido así -creemos- ese “implicar de manera activa a los habitantes de Aranjuez en la toma de decisiones que les afectan” que se declara como objetivo en el Prólogo del Reglamento en cuestión, que se presenta para su aprobación en el Pleno Municipal este 12 de Julio de 2018.

          ¿Cuántos habitantes de Aranjuez se han enterado de este proceso de “elaboración normativa”? ¿Existe información en la web municipal sobre este borrador y sobre este proceso de consulta?

 

          No entendemos cuáles son los motivos por los que se hurta a la ciudadanía un debate abierto, pausado y organizado de un reglamento que consideramos importante en la saludable modificación de las relaciones que mantienen los vecinos con sus representantes y con la acción política institucional, un reglamento que pueda arraigar y activar un proceso de democratización que es hoy imprescindible para sostener nuestra democracia representativa. Nuestro sistema político necesita hacer frente a una peligrosa desafección ciudadana hacia las instituciones que está abriendo el camino, digámoslo con rotundidad, a un peligroso fascismo emergente entre la población, cada vez más manifiesto y que supone ya una auténtica amenaza real, como estamos viendo en múltiples países de nuestro entorno más inmediato.

          Sin un proceso público abierto claramente definido en su implementación y desarrollo no cabe hablar de participación ciudadana ni de voluntad de hacerla efectiva. Y si se quiere hacer efectiva una participación ciudadana real hemos de abrir el proceso que la posibilita y la regula a la ciudadanía en general, sin restricciones, reafirmando así la legitimidad del proceso. No se puede cercenar el ‘protagonismo político’ que se pretende ‘otorgar’ a ‘los vecinos y vecinas’. Es algo que redunda por igual en beneficio de los representantes políticos y de los vecinos.

          Es sobre todo una cuestión de voluntad política, pero es que, en última instancia, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 133, que trata de la “participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos” y que afecta, evidentemente, a los ayuntamientos, dicta en su apartado 1 que:

Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma”.

Y aunque, en reciente sentencia del 24 de mayo de 2018,  el Tribunal Constitucional, ante recurso de la Generalidad de Cataluña, ha declarado que, salvo el primer inciso del apartado 1 (el señalado en negrita aquí) y el primer párrafo del apartado 4, el artículo 133, es “contrario al orden constitucional de competencias” porque “vulnera las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en relación con la elaboración de sus propias disposiciones administrativas”. Aunque esta declaración de invasión competencial “no conlleva la nulidad” del artículo 133. Porque, en todo caso, “este precepto no impide que las Comunidades Autónomas disciplinen, en cuanto a sus propias iniciativas normativas, aspectos tales como la duración de las consultas, el tipo de portal web en el que se llevan a cabo, su grado de difusión o el nivel de trasparencia de la documentación y las alegaciones aportadas. Tampoco impide que incrementen los niveles mínimos de participación asegurados con carácter general y, por tanto, que acoten o reduzcan las excepciones previstas. No obstante, fija una serie relevante de extremos en relación con las formas, contenidos y destinatarios de las consultas” (STC 55/2018 FJ7c)

          Lo que nosotros queremos manifestar aquí por nuestra parte es que parece necesario que el proceso de participación ciudadana en la elaboración del reglamento que la regula debería reanudarse e iniciarse nuevamente -independientemente de la exigencia legal que establece el artículo 133 de la Ley 39/2015-, abriéndose a la participación de todas las asociaciones y organizaciones con actividad local y de todos los ciudadanos a título individual, algo que no se han tenido en cuenta en lo realizado hasta aquí de manera adecuada, y fijando una consulta realmente pública, en la que previamente se de a conocer el reglamento, a través de su publicación en la web municipal -anunciándose de manera relevante, tal como la ocasión lo exige-. Una consulta en la que las aportaciones y alegaciones realizadas por la ciudadanía, tanto asociada como no asociada, se hagan también públicas, aunque no se integren en el texto final que se presente para su debate y aprobación en el Pleno. No se trata, en ningún caso, de abrir un debate que se prolongue indefinidamente en el tiempo, y que llegue a bloquear la iniciativa, sino de establecer un procedimiento de debate y aportaciones claro y preciso –y abierto a la participación de cualquiera.

OCM Aranjuez                 


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